Desprotegiendo a los que más lo necesitan.

Fuente: Ferrán Martin. Wordpress.

Seguramente todo habréis escuchado hablar de la famosa ley de la dependencia ¿verdad? ¿Sabéis que se trata de una ayuda que pueden recibir cualquier persona con cierto grado de dependencia independientemente de su edad? Pero no todo es tan fácil como parece, empecemos por el principio. 

El 14 de diciembre de 2006, se promulgó la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se trata de un conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como la protección y atención a personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente. Para que te concedan esta ayuda la persona tiene que contar con la nacionalidad española, haber residido 5 años antes de solicitarla en el territorio español y ser declarado dependiente por un órgano de las comunidades autonómas. Existen tres grados de dependencia que se le pueden otorgar a una persona. Siendo el de 1º grado aquel que requiere la ayuda de una persona al menos una vez al día y el de 2º grado, dos o tres veces al día. Mientras que el de 3º grado, precisa de la ayuda de una persona durante las 24 horas del día. Pero... ¿Esta ley se le ofrece realmente a todas las personas que reúnen los requisitos? La respuesta es NO.

En España, según datos ofrecidos por El País el 21 de marzo de 2018, el número de personas dependientes que mueren sin recibir ayuda al día, asciende a una media de 100 personas. Teniendo en cuenta que en 2017 hablábamos de una media de 90 personas al día. ¿A qué se debe este incremento? 

En un principio, la ley se creó con la idea de que un 50% sería financiado por la Adminsitración Central y la otra mitad, estaría a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma. En cambio, esto no se cumplió ya que el Estado no llegó a proporcionar ni un tercio del 50% acordado. Quedando en manos de la Comunidad Autónoma la mayor parte de los gastos, en los que se incluye el salario del cuidador, centros de días, tratamientos, etc. Esto conlleva a que en España se genere una desigualdad entre las distintas Comunidades Autónomas, ya que muchas no están al alcance de proporcionar esta ayuda, como por ejemplo Murcia. Esta no puede permitirse financiar la ley de la dependencia y por ello, tiene una alta de mortalidad en personas dependientes.  El problema no sólo radica ahí, sino que el papel que desempeñan los partidos políticos es fundamental en el desarrollo de dicha ley. La promulgación de la ley se produjo con el mandato del Partido Socialista Obrero Español, el cual no cumplió con las expectativas del programa de dicha ley. Fue a finales de 2011, cuando el Partido Popular comenzó su legislatura, quedando en sus manos el futuro de la ley de la Dependencia. Dicho partido, desde los comienzos de la promulgación no la apoyó, demostrándolo Mariano Rajoy, el cual dijo: “Mi prioridad: Las Pensiones. A partir de ahí recortaremos en todo. La dependencia no es viable”. 

Años después, en 2017, el mismo partido publicó una bajada de un 16% con respecto a 2016, de las listas de espera de las personas que habían solicitado la ley de la dependencia. En realidad, no se produjo una disminución real sino que el partido había manipulado dichos grados. Por ejemplo, una persona que perteneciese al 2º grado de dependencia pasaba al 1º grado. Con esto, lo que se pretendía conseguir es que la mayor parte de las personas dependientes formaran parte del 1º grado, ya que es el que necesita menos cuidados y con ello, el grado más económico. El mismo año, dicho partido publicó el presupuesto que se destinaría a la ley de la dependencia, cantidad que no se llegó a recibir en su totalidad. El mismo José Manuel Ramírez, en 2017, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, criticó la situación actual y planteó la cuestión de dónde podría estar el dinero que anteriormente habían presupuestado y que no fue recibido totalmente. Podríamos suponer, que parte del dinero se destinó a la elaboración de programas televisivos, en los que se pretendía hacer creer a la sociedad que el partido se preocupaba por las personas dependientes, como fue el programa “Entre todos”. 

En definitiva, llegamos a la conclusión de que la realidad actual de las familias españolas es que no reciben las ayudas aprobadas por la ley de la dependencia. Por lo que, tienen que destinar gran parte de su sueldo, siendo este muy bajo debido a la crisis económica, a la compra de medicinas, tratamientos que no están financiados por la Seguridad Social o la habilitación del hogar familiar. 

Sin duda creo que el gobierno debería invertir mucho más dinero en el desarrollo de la ley de la dependencia ya que a largo plazo tiene un impacto positivo. Se ha comprobado que generaría un 37% más de riqueza, aumentando una cantidad considerable de puestos de trabajo en el país. Siendo estos puestos de trabajo, estables, directos y no deslocalizables. Otra de las razones por la cual la ley de la dependencia sería la mejor inversión pública es porque se reduciría el número de cuidados en la sanidad pública. Evitando así la temprana aparición de enfermedades como la artrosis o dolor de espalda, que actualmente sufren muchas personas, sobre todo mujeres, por encargarse de estos cuidados que deberían estar en manos de la ley.  El problema es que el gobierno interpreta esta ley como un gasto y no como una gran inversión, al igual que sucede con la educación.

Fuente: Manel. Eldiario.es